Los transgénicos empiezan a perder el partido judicial

Anote este nombre: Julieta Sandoval. Este beba fallecida a los 7 meses por malformaciones congénitas en Santiago del Estero. Su abuelo y su padre eran fumigadores. Y anote este otro nombre: Alicia Fanny Giménez. Es la madre de aquella chiquita, quien podrá quedar en la historia de la salud pública argentina. De hecho, ya está haciendo historia. Junto a varios ciudadanos logró que la Justicia acepte una demanda colectiva contra el Estado, varias provincias y empresas por el sembrado y comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) como la soja RR 2 PRO – liberty.

Alicia presentó una acción colectiva contra el Estado Nacional -Poder Ejecutivo y Poder Legislativo-, las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, el Consejo Federal de Medio Ambiente, y un conjunto de empresas del sector agrario.

En la causa “Giménez, Alicia Fanny y otros c/ en y otros s/ proceso de conocimiento”, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°3, declaró formalmente admisible la acción colectiva respecto al uso de transgénicos en alimentos vegetales y animales.

En un reclamo inédito en la Argentina, Alicia y compañía reclamaron “la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño ambiental colectivo material y moral; que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional la suspensión de la resolución nº 167/96 y de sus similares y posteriores otorgadas y en trámite ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que impliquen autorizaciones de eventos transgénicos en vegetales y animales para su diseminación o liberación irrestricta a gran escala en todo el territorio nacional”, de acuerdo al fallo que publicó Diario Judicial.

El colectivo de demandantes fue más allá. Solicitó una medida inédita, como “la obligatoriedad para todos los integrantes de la cadena de comercialización del país el etiquetado de los envases de alimentos que sean o contengan ingredientes o compuestos derivados de organismos genéticamente modificados o transgénicos en cumplimiento de lo previsto en la ley 24.420 de Defensa del Consumidor y, de esta manera, que se exhorte el dictado de leyes que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de bioseguridad y de protección ambiental para el uso y manejo sostenible del recurso suelo”.

La acción judicial que encabezó la madre de la nena santiagueña fallecida pidió que “se condene a las empresas demandadas a la recomposición del suelo y de la biodiversidad del ambiente dañado, así como a la contribución monetaria a un fondo de compensación ambiental o a un fideicomiso con esos fines y al resarcimiento del daño punitivo”.

Para eso, se interpuso una medida precautoria innovativa cuyo objetivo es “la inmediata suspensión provisional de la totalidad de las autorizaciones administrativas otorgadas hasta la fecha y en trámite de eventos para la liberación, producción, comercialización o desarrollo de organismos genéticamente modificados de origen animal o vegetal, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión traída a juzgamiento”.

Por último, los demandantes exhortaron que “se ordene la suspensión provisional de la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas del mismo como principio activo en la formulación química de sus productos o glufosinato de amonio y estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, girasol, trigo, algodón o cualquier otro tipo de cultivares de OGM no confinados”.

Fuente: http://losdespertadores.com/la-derrota-de-los-alimentos-transgenicos-en-la-justicia/

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