La piedra desproporcionada

Relmu Ñamku, mapuche, está acusada de intento de homicidio y puede ser condenada a 15 años de prisión si el próximo 22 de junio, el juicio por jurados que se desarrollará en Zapala la declara culpable.
Semejante imputación hizo Julián Alvarez, abogado de Verónica Pelayes, oficial de Justicia de Neuquén que el 28 de diciembre de 2012, “fuera del horario judicial”, encabezó un procedimiento a pedido de la petrolera Apache. Con orden de desalojo seguida de confusión, gritos y sangre, Pelayes resultó herida en la cara por una de las piedras que la comunidad arrojó a las topadoras que iban sobre el territorio comunitario. La mujer no sólo denunció a Ñamku porque supuestamente quiso matarla, sino también a Martín Maliqueo y a Marcelo Raín –circunstancialmente en el lugar– por daño agravado. Además, demandó a la provincia y a la petrolera, solidariamente, por $ 6.500.000.
Lejos de ser un caso policial, el episodio, uno más en la resistencia del pueblo mapuche, se inscribe en la defensa y derechos al relevamiento territorial, a la salud, a un ambiente sano y a la vida, a la vez que pone sobre la mesa la persecución judicial y política a las comunidades indígenas en Neuquén. “En 2012 rechazamos diez intentos de desalojo, incluido uno en el que las mujeres nos rociamos con combustible si entraban a la comunidad”, dijo Ñamku.
Si la mujer, madre de tres menores, además de aparecer, con todos los mapuches, como violenta y peligrosa, es encarcelada por 15 años por supuestamente haber tirado una piedra, el Poder Judicial neuquino tendrá un antecedente insoslayable a la hora de juzgar cualquier protesta, movilización popular o, como en este caso, “autodefensa”, explicó el abogado defensor Darío Kosovsky.
“Vemos una persecución usando el sistema judicial para generar chivos expiatorios y escarmentar de antemano futuras resistencias. También es un posicionamiento de cara al cambio de gobierno nacional. Si la fiscalía de Zapala y el ministerio Público Fiscal de Neuquén consiguen una condena por tentativa de homicidio contra una mapuche porque una petrolera quiso avanzar sobre territorio comunitario, probablemente se desencadene un proceso represivo profundo avalado por el poder judicial que tiene un antecedente favorable para una política de restricción de los derechos humanos de los indígenas”, analiza el defensor.

Los hechos. La enésima orden de desalojo interrumpe el eluwun (entierro) de una bebé que vivió pocas horas por las malformaciones con las que nació. Es 28 de diciembre de 2012 y todos los miembros de la comunidad Winkul Newen y familiares y amigos de lofs (comunidades) vecinos también están para acompañar a los padres de la malograda Petrona Beatriz Caihueque que murió, acusan los mapuche, por la contaminación de las petroleras. Ese día, al Paraje Portezuelo Chico, centro de la provincia neuquina donde está asentado el lof en el que ancestralmente vivieron los Maliqueo, llegó además un número indeterminado de policías, camionetas y personal de la empresa Apache, encabezados por Pelayes, que portaba una orden para que los trabajadores de la petrolera pudieran ingresar al predio. Un mes antes, la comunidad, cansada de denunciar contaminación, enfermedad y muerte había decidido impedir los trabajos de la petrolera, la que obtuvo la orden judicial en medio de las fiestas de fin de año. Pero todo terminó mal para todos. Incluida la empresa que, desde entonces, no volvió a ingresar al territorio comunitario en el que desarrollaba 10 pozos. El lugar, registrado a nombre de una sociedad cuyo apoderado es Eduardo Badano, ex integrante del Tribunal Superior de Justicia neuquino, fue comprado en una subasta a precio vil unos seis años atrás, pese a que allí viven, desde hace cientos de años, varias familias.

Relmu. “No tuvimos prensa en Neuquén. Nos discriminaron. Yo no pude decir en los medios que no tiré esa piedra. Los medios dicen que atacamos pero nosotros no atacamos a nadie, nosotros nos defendimos en nuestra casa”, dijo la joven mapuche, madre de tres hijos de doce, ocho y seis años.
“¿Por qué no investigó cuando la comunidad fue agredida o cuando una patota de Apache le pegó un tiro en una pierna a uno de nuestros jóvenes, o cuando le desfiguraron la cara a la mamá de Martín Maliqueo o golpearon a la lonko (cacique) embarazada, que casi pierde su bebé? ¿Es porque somos mapuche que la Justicia no investiga?”.
Ñamku será enjuiciada en el marco de un juicio por jurados que es rechazado por la defensa, porque este tipo de procedimiento sólo se utiliza en “casos de gravedad”, de conmoción social. Los mapuches pidieron, sin lograrlo, ser desprocesados y aceptan que en todo caso hubo lesiones que la comunidad lamentó públicamente. Por otra parte, el procedimiento trae una novedad que lo vuelve histórico, según Kosovsky: “Por primera vez se aplicará en el país un derecho que asiste a los pueblos indígenas, y es que el jurado esté integrado por representantes del mismo entorno social y cultural del acusado”. Es así que seis mapuches y seis no mapuches decidirán si Relmu intentó asesinar a la oficial de Justicia Verónica Pelayes, que cuenta con el apoyo del gremio al que pertenece. Pero los docentes neuquinos acompañan a Ñamku, al igual que Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, quien dirigió una carta abierta al gobernador Jorge Sapag, en la que compara la celeridad de la Justicia ante la denuncia de un poderoso con el modo en que ignoró las presentaciones de los mapuches por la contaminación en las aguadas y amenazas y ataques violentos a miembros de la comunidad.
Pérez Esquivel llevó además al Papa Francisco una carta de la comunidad Winkul Newen en la que piden una audiencia: “Están acusando a una mujer, a una madre, por defender su territorio de la contaminación y la sistemática militarización del lugar. Nuestros hijos se crían discriminados, con bronca. ¿Por qué?”.
“Estoy muy consciente de dónde estoy parada y a quién estamos enfrentando. Me preguntaron si me escaparía. No me voy a escapar a ningún lado. Si quieren condenarnos que lo hagan, que me metan presa. Es una pena muy terrible la que están pidiendo pero denunciaremos los hechos en todos lados”, concluyó Relmu Ñamku.

Fuente: http://www.miradasalsur.com.ar/nota/11268/la-piedra-desproporcionada

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