La justicia ordenó el despojo de tierras ancestrales de los Wichí. Violación de la Constitución Nacional..

por Doc.Cecilia Jufré

“Vamos a entregar la vida para defender nuestras tierras ancestrales. Si vienen a desalojarnos con la fuerza pública, va a haber muertos de los dos lados. Va a haber muertos policías y va a haber muertos wichí, porque solamente muertos nos van a sacar de acá.” Abel Saravia, dueño de estas palabras, es el representante y vocero de la comunidad wichí de Campo del 20, ubicada en el centro geográfico de la provincia de Formosa. Hace pocos días, la comunidad recibió un oficio del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, a cargo del juez subrogante Francisco Orella, que ordena el desalojo de sus tierras para el 27 de octubre a partir de las 7 de la mañana, “debiendo finalizar –dice– antes de las 19”. “Nos estamos organizando para resistir. Le hemos preguntado al ministro de Seguridad, Jorge Abel González, si va a mandar la policía, pero todavía no nos ha contestado. Mientras tanto nosotros organizamos la defensa de las tierras, con otras ocho comunidades que forman parte de la Coordinadora Interwichí. No queremos que pase lo que pasó en la Comunidad La Primavera. No queremos muertos, pero si nos quieren sacar por la fuerza, muertos va a haber”, dice Saravia.

“Ni la Constitución Nacional ni la Ley 26.160 y sus prórrogas parecen existir a la hora de respetar los derechos de la comunidad wichí de Campo del 20”.
Los antecedentes. Campo del 20 está a menos de veinte kilómetros de Las Lomitas. Hacia 1919, el territorio wichí donde está ubicada sumaba veinte mil hectáreas, a uno y otro lado de la ruta nacional 81. Las fueron perdiendo de a poco, en un proceso inexorable de ocupación orquestado por sucesivos gobiernos, empresas y criollos –o blancos, como también los llaman– usurpadores. Hoy les quedan apenas quinientas hectáreas que están en litigio. El caserío está junto a los terrenos del antiguo cementerio indígena, que es a la vez una prueba de sus derechos ancestrales. Es una tierra árida, polvorienta, donde se levantan unos treinta ranchos. Las paredes son de barro y los techos de paja. Algunos pocos tienen también unas pequeñas galerías armadas con palos que sostienen chapas de cartón. Las lonas y los plásticos, desplegados entre palo y palo, los ayudan a protegerse de un sol que llega a pegar muy fuerte, de las lluvias, pero más que nada del polvo que castiga levantado por el viento. Esos terrenos son la única tierra que les queda y está en peligro.

La maniobra de usurpación está sostenida por un boleto de compraventa, fechado en 2001, mediante el cual un tal Oscar Peña (DNI 8.220.148) traspasó esas quinientas hectáreas a Carmen Raquel Chávez (LC 5.577.575), representada legalmente por el abogado Ramón Juárez (DNI 10.869.177), marido de Haydeé, la hermana de Carmen Chávez. Pero a Oscar Peña no lo conoce nadie, ni tampoco otro documento que ese boleto de compraventa con el cual se demuestre que era el propietario de las tierras. “No sabemos quién es, pero no es wichí. Entonces nunca pudo ser dueño.” Basado en esa documentación –y a partir de una denuncia del abogado Juárez–, el juez formoseño Sergio Rolando López ordenó el desalojo a mediados del año pasado. La ofensiva para el despojo no se da en ese único frente. El abogado Juárez también consiguió una medida de no innovar que impide a los pobladores originarios de Campo del 20 modificar absolutamente nada en esos terrenos. “No nos dejan cortar ni un palo, ni tocar una rama. No podemos sembrar para mantener a nuestras familias. Pero no nos vamos a ir, nos vamos a quedar, cueste lo que cueste”, explica Abel Saravia, representante de la comunidad. Con esa medida de no innovar en la mano fue que en junio de 2013 apareció el escribano público nacional Antonio González con una camioneta y unos criollos y les desmanteló la bomba para dejarlos sin agua. Mientras lo hacía, la policía formoseña miraba desde lejos. También el abogado denunció penalmente a los wichí Abel Saravia, Silverio Moreno y Ramón Cabrera por el delito de “usurpación”. En otras palabras, transforma en usurpadores a quienes pretende despojar.

Fotos reveladoras. En abril de este año, Miradas al Sur publicó una serie de imágenes tomadas por la fotógrafa alemana Grete Stern el 18 de agosto de 1964 en las tierras de Campo del 20. Esta serie fotográfica constituye una prueba irrefutable de que los terrenos de los que hoy se pretende desalojar a esa comunidad wichí estaban ocupados por esas mismas familias desde hace décadas. Algunas de las personas retratadas en 1964, cuando eran niños y ya vivían allí, hoy están acusadas del delito de “usurpación” del lugar donde nacieron hace ya más de cincuenta años.

En ellas se puede ver, por ejemplo, al pequeño Silasku, cuyo nombre en castellano es Mario Castillo. Hoy este hombre de más de cincuenta años es uno de los pobladores de Campo del 20 que reclaman esa tierra. Grete Stern también registró imágenes de Nakw, o Féndico Nieves. En una de ellas lleva a un niño en brazos. Ese niño es Isidoro Castillo, otro de los integrantes de la Comunidad que lucha por sus derechos territoriales. En la serie fotográfica hay alrededor de diez casos similares. A mediados de este año, los representantes legales de las 18 familias que hoy componen la Comunidad de Campo del 20 incorporarán las fotografías de Grete Stern, con todos sus protagonistas identificados, a la causa que llevan adelante para poder permanecer en esas tierras que les pertenecen por derecho ancestral.

La ley y la trampa. La orden de desalojo dictada contra la comunidad wichí de Campo del 20 es violatoria del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional de reformada en 1994. Allí dice: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan”.

Asimismo, en noviembre de 2006 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena por el término de cuatro años, suspendió los desalojos por el plazo de la emergencia y dispuso la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. La ley fue reglamentada por el decreto 1122/07 que habilita al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (autoridad de aplicación) a emitir la Resolución Nº 587 que crea el “Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas-Re.Te.C.I.- Ejecución Ley 26.160”. En noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley 26.554.

Ni la Constitución Nacional ni la Ley 26.160 y sus prórrogas parecen existir a la hora de respetar los derechos de la comunidad wichí de Campo del 20. “El relevamiento de tierras que debía hacer el INAI no se hizo nunca. Por eso presentamos al tribunal una petición para que se suspenda el desalojo precisamente por eso. Cómo nos van a desalojar si ni siquiera han relevado las tierras”, dice Saravia.

Mientras el Estado sigue ausente para defender los derechos ancestrales de esos otros originarios que –de acuerdo con los discursos oficiales– son también “la patria”, la tensión crece sin pausa en la zona central de la provincia de Formosa. La decisión del pueblo wichí de resistir la maniobra de despojo es terminante. Cuando Abel Saravia dice que puede correr sangre si intentan desalojarlos por la fuerza no hace más que repetir, con otras palabras, una frase que se ha hecho consigna en Campo del 20: “Muertos nos van a sacar de acá”.

Fuente: https://plus.google.com/u/0/112348951961232669144/posts/JnBVLyWm9CB

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