La justicia escucha el reclamo de los fumigados

Por estos días, a pesar que el receso estival suele adormecer la actividad en los tribunales, la justicia de nuestro país ha dictado dos fallos que seguramente sentaran significativa jurisprudencia  en el futuro inmediato.

 

Fundavida

 

Los conflictos planteados por la colisión entre los intereses de las minorías económicas que han logrado imponer en nuestro país un modelo de agricultura industrial que en forma artera saquea el recurso fertilidad, que según la Constitución Nacional pertenece a todos los argentinos, y envenena gente, suelos y acuíferos con substancias químicas temibles que afectan el presente y signarán el futuro de decenas de miles de desprevenidos ciudadanos que son sus víctimas.

Por un lado un tribunal cordobés revocó un fallo anterior que autorizaba la construcción de una mega planta que Monsanto esta construyendo en esa provincia para reafirmar la consolidación de su modelo de agricultura basado en manipulaciones genéticas y agrotóxicos asociados a ellas que ha impuesto en nuestro país

La Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó en estos días a la multinacional Monsanto que frene la construcción de su planta en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas hasta tanto se complete la evaluación de impacto ambiental.

Según Federico Macciocchi, abogado de los vecinos de esa localidad que se oponen a la instalación de la planta, con este fallo “esta resuelta la cuestión judicial” hasta que se haga la evaluación ya que, aunque Monsanto presente un recurso de Casación –cosa que ya confirmó que hará–, el tribunal se tomaría su tiempo en resolverlo. Más allá de esto, los integrantes de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida confirmaron que continuarán realizando el bloqueo que mantienen desde hace casi cuatro meses en el lugar.

Paralelamente, según un informe de Darío Aranda, periodista especializado en estos temas, campesinos de San Luis lograron frenar las fumigaciones con agroquímicos. “Dispongo ordenar el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario”, insta el fallo de la Justicia puntana sobre un campo de maíz y soja en el nordeste de la provincia. La medida fue solicitada por la Asociación Campesina del Valle de Conlara, que desde hace años sufre las fumigaciones. El fallo prohíbe el uso de todo tipo de agroquímicos y aplica el “principio precautorio” vigente en la Ley General del Ambiente (cuando haya riesgo para la salud y/o el ambiente, es necesario tomar medidas preventivas). En la misma zona están presentes las empresas Monsanto, Syngenta y Cresud.

En el nordeste de San Luis (departamento de Junín) sobresale la turística localidad de Merlo. Las familias están en la zona “desde siempre”, aseguran, son cuarta y quinta generaciones de campesinos. Hace una década todo comenzó a cambiar. Grandes empresas llegaron, familias campesinas fueron expulsadas del territorio ancestral y los desmontes fueron regla. Los recién llegados (también denunciados por campesinos) son las empresas Cresud (del Grupo IRSA, el mismo de los shoppings porteños), Monsanto, Syngenta y pooles de siembra de menor renombre.

Es remarcable la disparidad de criterios de las justicias provinciales en estos temas, mientras en Córdoba y San Luis, son cada vez mas comunes los dictámenes judiciales defendiendo los pobladores de estas practicas criminales, la justicia de Entre Ríos, por ejemplo, exhibe  una amnesia significativa  cuando se trata de proteger a los poblados y escuelas rurales que son permanentemente agredidos con estos agroquímicos que enferman y matan.

O la de la provincia de Corrientes que tolera cómplice las decenas de miles de hectáreas de arroceras que la empresa Adecoagro, propiedad del especulador internacional George Soros ha implantado en las nacientes mismas de los acuíferos que alimentan los Esteros del Iberá. O a la forestal chilena Bosques del Plata que en su implantación de forestaciones con especies exóticas utiliza venenos temibles para combatir insectos y pequeños animales que molestan sus planes.

No menos significativos son los conflictos legales que comienzan a afectar el monstruoso proyecto minero de Pascua Lama que se esta implantando, con cada vez mas dificultades en la frontera entre nuestro país y Chile.

Ni Monsanto, ni Soros, ni Barrick Gold están acostumbrados a ser desairados por los jueces por lo que es dable imaginar que las batallas legales, se profundizarán en los próximos meses. Los afectados y la ciudadanía en general deberemos estar atentos y comprometernos con esta causa en la que se juega el futuro de todos.

Fuente: el día online

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