Argentina: El Estado debe reconocer la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas

El Estado no debe seguir demorando el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013.- La nueva prórroga de la declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, que se apresta a votar el Congreso Nacional, es un paso positivo, aunque el Poder Ejecutivo debe acelerar el demorado proceso de relevamiento, afirmó hoy Amnistía Internacional Argentina. En 2006, el Congreso votó la ley 26.160, que ordenó la realización de un relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y suspendió los desalojos por el término de cuatro años. Los efectos de esa norma ya fueron prorrogados una vez, en 2009, hasta noviembre de 2013. Además del Presupuesto Nacional, la Cámara de Diputados tiene previsto votar hoy una nueva extensión del plazo –hasta noviembre de 2017– para el que Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), órgano ejecutor, cumpla con los compromisos establecidos en la norma.  El Senado ya le dio media sanción a la prórroga.

En los 8 años transcurridos desde la declaración de emergencia original, es poco lo que se ha avanzado con el relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Este relevamiento es un paso previo imprescindible para que las comunidades indígenas puedan obtener los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, derecho reconocido por la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Si bien la nueva ampliación del plazo es una señal en favor de los derechos de los pueblos indígenas, tanto el gobierno nacional como las provincias deben dar señales firmes sobre su real compromiso político con el reconocimiento de la propiedad de las comunidades sobre sus tierras ancestrales, que constituyen un elemento central de su cosmovisión cultural.

“La prórroga del plazo de esta ley debe ser un paso hacia el efectivo cumplimiento del proceso de relevamiento de las tierras y territorio originario indígena, no una concesión graciosa para que el Estado continúe posponiendo su obligación de cumplir cabalmente con los derechos de los pueblos originarios en Argentina”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina. Y agregó: “El programa de relevamiento del INAI tiene la finalidad de reconocer la tenencia de tierras indígenas y esto es muy valioso, pero no incluye un procedimiento para la titulación y entrega efectiva a sus legítimos poseedores. En este sentido, aún se adeuda el desarrollo e implementación de una propuesta efectiva de posesión y propiedad comunitaria de tierras respetuosa de los derechos y costumbres indígenas”.

La disputa por las tierras que ocupan las comunidades indígenas es una de las causas fundamentales de los reiterados y graves hechos de violencia e intimidación que sus integrantes vienen sufriendo en los últimos años. La situación de irregularidad en la posesión y propiedad favorece el avance de poderosos intereses económicos, privados o estatales, que pretenden desarrollar sus proyectos en las tierras que las comunidades indígenas vienen ocupando a través de sucesivas generaciones.

El año pasado, en ocasión del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó a la Argentina mejorar la situación de las minorías indígenas y señaló específicamente la necesidad de expedir los correspondientes títulos de propiedad sobre las tierras ancestrales. Antes, en 2011 el Relator de la ONU sobre Pueblos Indígenas, tras advertir los retrasos en la implementación de la ley 26.160, encomendó al gobierno nacional y provinciales a redoblar esfuerzos para realizar el debido relevamiento territorial, así como a desarrollar mecanismos y procedimientos efectivos para el reconocimiento legal de los territorios sobre los cuales los pueblos indígenas tienen derecho.

 

La falta de reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales constituye una violación al derecho  a la igualdad y no discriminación contra las comunidades indígenas. El Estado argentino debe garantizar que puedan vivir en sus tierras ancestrales sin sufrir amenazas de desalojos, ataques o intimidaciones.

Fuente: http://amnistia.org.ar

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